Las denuncias de los jubilados ante la Defensoría pasaron de 100 a 500 diarias. Semino explica en esta nota por qué el último ajuste es una conculcación de los derechos de los ancianos

Menuda tarea la del ombudsman de la Tercera Edad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Eugenio Semino, que recibe entre 400 y 500 quejas y consultas diarias. Si nuestros mayores habitualmente son maltratados, las últimas semanas se han encargado de ratificar la tendencia. Ajuste, reducción de haberes, quita de beneficios, cese de servicios, conflictos con las farmacias y siguen las firmas.

Semino tiene contacto diario y directo tanto con el sufrimiento de los mayores, como con funcionarios y encargados de diseñar políticas públicas para el sector. Por eso no duda al señalar: “En términos de lo que ha sido el último ajuste, a través de ley 25.453 y del decreto 896, se han conculcado los intereses y los derechos de la tercera edad en general. La quita del 13% se ha hecho extensiva a todo tipo de beneficios, inclusive en muchos casos a aquellos que están por debajo de los 500 pesos anunciados por el Gobierno Nacional y algunos subsidios por discapacidad y otro tipo de asistencia”.

En la ciudad de Buenos Aires la situación es atípica. El Gobierno porteño no aplicó las reducciones pero los jubilados residentes en la Capital perciben sus haberes de cajas nacionales, y entonces han sido damnificados. Por ello recurren a la Defensoría. Semino busca la forma de interceder. “Esta medida es realmente conculcatoria de los derechos adquiridos de los jubilados -insiste-, pero a la vez pone en grave riesgo la subsistencia de los jubilados en virtud de que la canasta familiar, en términos de la cobertura a sus necesidades básicas, está precisamente en 500 pesos. Además hay organismos que dan una prestación deficitaria, como el PAMI, por el que tenemos una innumerable cantidad de demandas cotidianas, o Desarrollo Social de la Nación, por ejemplo, que en el mes de junio ha cortado sus subsidios para alojamiento. En realidad, lo que vemos es que los derechos del sector se conculcan en forma realmente múltiple, sistemática y progresiva”.

Quejas que crecen

Los números hablan por sí solos. A fines de 2000, en las oficinas del Dr. Semino se iniciaban cien actuaciones por día. A principios de este año la cifra trepó a 150; y en las últimas semanas se reciben entre 400 y 500 denuncias diarias. Alrededor del 40% de las actuaciones está relacionado con problemas de falta de atención en términos de salud: falta de entregas de medicamentos y prótesis, cese de servicios y demoras en la atención.

Semino insiste en denunciar el descuido hacia los ancianos desde hace años. Recuerda: “Personalmente en el Congreso Mundial de Geriatría de 1995 advertí que en Lati-noamérica hay un verdadero gerontocidio y esto, obviamente, es extensivo a la realidad argentina”.

Las denuncias más habituales están relacionadas con cortes periódicos de servicios, de prestaciones diversas del PAMI, internacio-nes geriátricas que tienen entre ocho meses y un año en espera, o problemas con la medicación oncológica, con circuitos muy complejos por lo que hay que recurrir a la vía del amparo judicial para que la medicación se provea. También ocupa un lugar importante el tema de los dializados, debido a que la interrupción de los tratamientos pone en riesgo la vida de los pacientes; o la suspensión de intervenciones quirúrgicas programadas, producto de la falta de pago.

El Dr. Eugenio Semino remarca: “El PAMI está con un atraso de cuatro o cinco meses en los pagos, y eso se traslada a una atención deficiente que en muchos casos se suspende; y por otro lado está el padecimiento de los trabajadores del sector de la salud que sufren demoras en los cobros de sus haberes. En muchos casos se dan pagos parciales o a cuenta de magros salarios, lo cual también repercute sobre la atención de la gente, por más buena voluntad que se ponga”.

Cuando hablamos de adultos mayores, el retraso de una prestación pone en riesgo la posibilidad de curación del paciente; en muchos casos, patologías realmente sencillas, no tratadas a tiempo, terminan con complicaciones que son muy costosas en términos de la salud del paciente y costosas también para el sistema de salud. Por eso, en palabras del Dr. Semino: “El adulto mayor y los trabajadores de la salud son rehenes de esta situación”.

Javier Rubel

EL CAMINO QUE SIGUE UNA DENUNCIA

El Dr. Semino explica brevemente para qué sirve hacer una presentación en la Defensoría: “Como organismo de garantía  permite generar la suficiente presión sobre los organismos responsables para que respondan y den soluciones. A su vez siempre tenemos abierta la vía judicial en términos de amparo, y en ese sentido muchos jueces son concientes y proclives a contemplar este tipo de situaciones para remediarlas. Una vez que recibimos la denuncia se genera una actuación interna, se le da vista al organismo pertinente, y por vía de oficio se requiere la solución del problema; se emite una recomendación, o una exhortación en caso de organismos públicos, y de no tener una respuesta satisfactoria, directamente se recurre a la justicia. El nivel de satisfacción de la demanda que recibimos está entre un 60% y 70%, lo que habla a las claras de algún tipo de respuesta favorable a partir de la intervención de la Defensoría del Pueblo”.