LOS ECOS DE LA CRISIS

MAS AJUSTE, MAS POBREZA

Las nuevas medidas anunciadas por el gobierno profundizarán la crisis social y llevarán más incertidumbre a los trabajadores, que sufren los embates de este modelo

En más de una oportunidad hemos tratado de entender, explicarnos e incluso justificar ciertas decisiones adoptadas por el Gobierno, en el afán de asumir una actitud de impostergable optimismo. Un optimismo que nos permitiera creer y por ende mantener la esperanza de divisar un futuro prometedor. Dicho cometido se ha tornado, en las últimas épocas, en una misión harto difícil por no decir imposible. Todos los esfuerzos que un intelecto normal y optimista puede elaborar para tratar de ver en las medidas gubernamentales un sesgo positivo para la gente, se derrumban irremediablemente ante su mero análisis. Las estadísticas se encargan, con frialdad e incontrovertible realismo, de corroborar por qué nuestros esfuerzos fracasan en el intento de asumir una postura positiva.

El incesante incremento de la  exclusión social y su inmediata consecuencia, la mar-ginación y la pobreza, son la penosa repuesta a cada medida del gobierno. Mostrando poco ingenio (es decir falta de capacidad para aplicar atentamente la inteligencia con el fin de salir de una dificultad), las autoridades se limitan a superponer ajuste sobre ajuste, sin detenerse a mensurar las consecuencias que ocasionan a una población que se torna más excluida y pobre.

Cuando se analiza la incidencia de la pobreza en la Argentina y se comprueba que en 1999 el 36,1% de la población, es decir 13.205.000 personas, se ubicaban debajo de la línea de pobreza, y que el 8,6% -lo que significa 3.146.000 individuos- lo hacían bajo la línea de indigencia, se pone de manifiesto el apabullante resultado de los ajustes.

Para ampliar los resultados de las políticas económicas utilizadas en los últimos gobiernos, podemos agregar que el ingreso efectivo para una familia tipo debajo de la línea de pobreza es de 424,6 pesos y que el ingreso efectivo en hogares indigentes es de 136 pesos. Por supuesto que existen otros índices tan atormentadores como los que acabamos de transcribir, y que lamentablemente pese a su realismo, valga la paradoja, parecen irreales.

La existencia de esta realidad, a la que los médicos nos enfrentamos constantemente en el quehacer cotidiano, es ignorada por los economistas, que sólo atinan a buscar las vías más accesibles para dar respuesta a las exigencias, que por momentos se asemejan a una extorsión, de los organismos económicos internacionales. La vía más sencilla es la continua expoliación de los que ya no tienen qué le expolien.

En los últimos días, y cuando aún no nos habíamos recuperado del último ajuste, cuyo principal componente fue el recorte salarial de los empleados estatales, se anuncia un nuevo y temido ajuste. En esta oportunidad, las medidas económicas están dirigidas fundamentalmente contra los futuros jubilados a quienes se les priva de la PBU, lo que tiene el significado de un recorte en los haberes jubilatorios. Por otra parte, se elimina la posibilidad de optar por el sistema estatal de reparto, conculcando de esta forma un derecho constitucional, y además dando claras señales del retiro explícito del Estado en una de sus responsabilidades básicas, como lo constituye el asegurar un haber jubilatorio mínimo.

Sin duda estas medidas contribuirán a profundizar los preocupantes índices de pobreza y marginación, a pesar del caluroso apoyo de los organismos y mercados internacionales. El mismo apoyo han recibido las políticas de flexibilización laboral que han llevado a una situación de extrema gravedad las condiciones laborales del médico, que es uno de los sectores que más ha padecido las tendencias mencionadas.

Es indudable que la precarización laboral, en el significado amplio del término, resiente la calidad de las prestaciones médicas por la inseguridad, el agotamiento y el cansancio moral a los que el profesional se ve sometido. Por eso nos resulta inadmisible que se insista con los ajustes e impia-dosos recortes a los salarios de los trabajadores.

La reciente medida gubernamental es enérgicamente repudiada por la Asociación de Médicos Municipales por ser un atropello dirigido sobre aquellos que se encuentran en una etapa de la vida en que necesitan imperiosamente la garantía y protección del Estado. Dejar que las condiciones de vida de los jubilados sean reguladas por el libre mercado se asemeja en gran medida al abandono de persona, figura jurídica que pena severamente al autor de dicho delito.

Tal vez haya llegado el momento de replantear la estrategia a seguir, para revertir desde las instituciones gremiales el avance arrollador de las políticas neoliberales. Tenemos la certeza de que nuestro rol es fundamental para poner freno a la voracidad sin límites de un mercado que se ha adueñado, sin el más mínino pudor, de las cosas esenciales para vivir dignamente, amenazando con devorarlo todo, incluso a los hombres.