Editorial

Por el Dr. Jorge Gilardi


CLARA POSICION DE LA AMM

Cuando de salud pública se trata...


Tras la celebración de las asambleas gremiales en los 33 hospitales porteños, que sobresalieron por el número de participantes y la calidad del debate, se postergó el plazo para la aplicación del decreto 1.318 y el decreto reglamentario 1.317 que convoca a concursos para cubrir los cargos directivos en hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

Pero más importante aún, se han introducido para su debate en paritarias, en las cuales el Gobierno de la Ciudad y las asociaciones profesionales debatirán el contenido y alcance de su implementación.

Los fundamentos que rigen dicha convocatoria reflejan un modelo gerencialista de la salud pública que se desprende del enfoque  hegemónico durante la década de los `90, una década perdida si se evalúa su impacto negativo sobre el bienestar de la sociedad.

Este modelo ha tendido a vincular indebidamente competitividad con sector privado, a confundir inversión sanitaria con gasto en salud y a asociar la calidad de la atención médica con la innovación tecnológica altamente sofisticada y compleja.

Acaso su peor desviación ha sido culpabilizar a los propios profesionales del sector salud, convirtiéndolos en responsables casi excluyentes del aumento en los costos de la atención.

Detrás de este modelo subyace una concepción ideológica que animó la reforma de los sistemas sanitarios durante la década pasada, y cuya aplicación en los Estados Unidos se ha expresado a través de las Organizaciones de Mantenimiento de la Salud (HMO), regidas a su vez por los principios de la atención médica gerenciada o managed care.

Recordemos que este modelo se ha tratado de implantar en la Argentina como parte de las medidas reformistas que impulsaron instituciones financieras y bancarias atraídas por la rentabilidad que ofrecía el negocio de la salud.

Los intentos de implementación del managed care en aquellos países en los que ha prevalecido un sistema de seguridad social y asistencia sanitaria sustentada en los principios de solidaridad, equidad y universalismo arrojan algunas lecciones que es oportuno considerar:

· A pesar de que su objetivo declarado fue la mejor administración de los recursos, los costos han trepado de forma imparable porque no se estimuló la adopción de adecuadas medidas preventivas y decisiones clínicas basadas en la evidencia científica. 

· Se ha desvirtuado el sentido de la atención primaria de la salud, limitándola a la implantación de barreras al acceso en el primer nivel de atención a través del rol adoptado por los médicos generalistas.

· Se intentó controlar el gasto sanitario otorgando mayor autonomía en la gestión hospitalaria, sin evaluar que esta descentralización acrítica ha llevado a profundizar los problemas de equidad entre las distintas instituciones, muchas de ellas sofocadas por crónicos problemas de financiamiento.

· La urgencia por controlar los costos cristalizó una estructura piramidal altamente ver-ticalizada que ha relegado a un segundo plano la calidad de atención médica, sin advertir que ésta se expresa en un diagnóstico menos dependiente de prácticas complementarias, en mejores resultados clínicos, en mayor satisfacción y adhesión a tratamiento y en la disminución de los juicios por mala praxis.

A pesar de las críticas recibidas, reaparece el modelo gerencial médico bajo nuevos ropajes en la fundamentación del mencionado decreto, porque:

a) Está excesivamente centrado en los aspectos gerenciales al momento de evaluar la capacidad e idoneidad de los aspirantes.

b) Descalifica la cultura hospitalaria por sus presuntas dificultades para responder ante los desafíos del actual escenario sanitario, desconociendo el esfuerzo sostenido por las instituciones de nuestro país, entre otras la AMM, que durante décadas han capacitado a los profesionales para su desempeño en cargos directivos.

Por eso es que debemos acoplar la buena gestión con la buena medicina e impulsar las decisiones políticas que aseguren los niveles de equidad, accesibilidad y calidad que nuestra comunidad necesita.

Como ejemplo, el Plan Estratégico que el decreto 1.317 propone para los aspirantes al cargo debe partir de una definición más clara de parte de la autoridad sanitaria acerca de los lineamientos a los que debe ajustarse cada hospital, con el fin de evitar la fragmentación y anarquía del sistema.

Pero además, el hospital deberá participar de las iniciativas estratégicas emanadas del nivel central, y de la asignación de los recursos físicos, humanos y financieros que estarán disponibles, condición necesaria para su adecuada implementación.

Muchas son las preguntas que surgen en torno a la evaluación del plan estratégico: ¿la selección del postulante implica también la aceptación del plan formulado? ¿qué sucede si tiene el mejor currículo pero su plan no resulta aceptado? ¿O si un candidato no tiene acceso a la información clave para formular el Plan Estratégico? Es poco creíble, difícilmente sustentable y “gerencialmente”explicable (ya que de gerencia estratégica tanto hablamos), que diversos candidatos presenten diversos “planes estratégicos” individuales y un jurado se expida por uno de ellos.  

Que quede suficientemente claro.

No nos oponemos a los concursos, ni a la capacitación permanente del personal de conducción, ni a la innovación administrativa.

Nos oponemos a la improvisación, a las marchas y contramarchas que agregan incertidumbre, a la introducción de mecanismos de selección que, al no premiar el mérito, desalientan a nuestros mejores profesionales. Nos oponemos al managed care que propone la Secretaría de Salud.

Porque todo ello, en definitiva, compromete el futuro de nuestros hospitales públicos y del recurso humano que en ellos se desempeña, cuyo impacto se traducirá finalmente en la mejor o peor salud de nuestra población.

Sr. Secretario de Salud: una vez más le pedimos que recapacite por el bien de lo público, por el bien de la salud pública.  ¨