| Editorial
Por el Dr. Jorge Gilardi |
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CLARA POSICION DE LA AMM Cuando de salud pública se trata... |
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Tras la celebración
de las asambleas gremiales en los 33 hospitales porteños, que
sobresalieron por el número de participantes y la calidad del debate, se
postergó el plazo para la aplicación del decreto 1.318 y el decreto
reglamentario 1.317 que convoca a concursos para cubrir los cargos
directivos en hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Pero
más importante aún, se han introducido para su debate en paritarias, en
las cuales el Gobierno de la Ciudad y las asociaciones profesionales
debatirán el contenido y alcance de su implementación. Los
fundamentos que rigen dicha convocatoria reflejan un modelo gerencialista
de la salud pública que se desprende del enfoque
hegemónico durante la década de los `90, una década perdida si
se evalúa su impacto negativo sobre el bienestar de la sociedad. Este
modelo ha tendido a vincular indebidamente competitividad con sector
privado, a confundir inversión sanitaria con gasto en salud y a asociar
la calidad de la atención médica con la innovación tecnológica
altamente sofisticada y compleja. Acaso
su peor desviación ha sido culpabilizar a los propios profesionales del
sector salud, convirtiéndolos en responsables casi excluyentes del
aumento en los costos de la atención. Detrás
de este modelo subyace una concepción ideológica que animó la reforma
de los sistemas sanitarios durante la década pasada, y cuya aplicación
en los Estados Unidos se ha expresado a través de las Organizaciones de
Mantenimiento de la Salud (HMO), regidas a su vez por los principios de la
atención médica gerenciada o managed care. Recordemos
que este modelo se ha tratado de implantar en la Argentina como parte de
las medidas reformistas que impulsaron instituciones financieras y
bancarias atraídas por la rentabilidad que ofrecía el negocio de la
salud. Los
intentos de implementación del managed care en aquellos países en
los que ha prevalecido un sistema de seguridad social y asistencia
sanitaria sustentada en los principios de solidaridad, equidad y
universalismo arrojan algunas lecciones que es oportuno considerar: ·
A pesar de que su objetivo declarado fue la mejor administración de los
recursos, los costos han trepado de forma imparable porque no se estimuló
la adopción de adecuadas medidas preventivas y decisiones clínicas
basadas en la evidencia científica.
·
Se ha desvirtuado el sentido de la atención primaria de la salud, limitándola
a la implantación de barreras al acceso en el primer nivel de atención a
través del rol adoptado por los médicos generalistas. ·
Se intentó controlar el gasto sanitario otorgando mayor autonomía en la
gestión hospitalaria, sin evaluar que esta descentralización acrítica
ha llevado a profundizar los problemas de equidad entre las distintas
instituciones, muchas de ellas sofocadas por crónicos problemas de
financiamiento. ·
La urgencia por controlar los costos cristalizó una estructura piramidal
altamente ver-ticalizada que ha relegado a un segundo plano la calidad de
atención médica, sin advertir que ésta se expresa en un diagnóstico
menos dependiente de prácticas complementarias, en mejores resultados clínicos,
en mayor satisfacción y adhesión a tratamiento y en la disminución de
los juicios por mala praxis. A
pesar de las críticas recibidas, reaparece el modelo gerencial médico
bajo nuevos ropajes en la fundamentación del mencionado decreto, porque: a)
Está excesivamente centrado en los aspectos gerenciales al momento de
evaluar la capacidad e idoneidad de los aspirantes. b)
Descalifica la cultura hospitalaria por sus presuntas dificultades para
responder ante los desafíos del actual escenario sanitario, desconociendo
el esfuerzo sostenido por las instituciones de nuestro país, entre otras
la AMM, que durante décadas han capacitado a los profesionales para su
desempeño en cargos directivos. Por
eso es que debemos acoplar la buena gestión con la buena medicina e
impulsar las decisiones políticas que aseguren los niveles de equidad,
accesibilidad y calidad que nuestra comunidad necesita. Como
ejemplo, el Plan Estratégico que el decreto 1.317 propone para los
aspirantes al cargo debe partir de una definición más clara de parte de
la autoridad sanitaria acerca de los lineamientos a los que debe ajustarse
cada hospital, con el fin de evitar la fragmentación y anarquía del
sistema. Pero
además, el hospital deberá participar de las iniciativas estratégicas
emanadas del nivel central, y de la asignación de los recursos físicos,
humanos y financieros que estarán disponibles, condición necesaria para
su adecuada implementación. Muchas
son las preguntas que surgen en torno a la evaluación del plan estratégico:
¿la selección del postulante implica también la aceptación del plan
formulado? ¿qué sucede si tiene el mejor currículo pero su plan no
resulta aceptado? ¿O si un candidato no tiene acceso a la información
clave para formular el Plan Estratégico? Es poco creíble, difícilmente
sustentable y “gerencialmente”explicable (ya que de gerencia estratégica
tanto hablamos), que diversos candidatos presenten diversos “planes
estratégicos” individuales y un jurado se expida por uno de ellos.
Que
quede suficientemente claro. No
nos oponemos a los concursos, ni a la capacitación permanente del
personal de conducción, ni a la innovación administrativa. Nos
oponemos a la improvisación, a las marchas y contramarchas que agregan
incertidumbre, a la introducción de mecanismos de selección que, al no
premiar el mérito, desalientan a nuestros mejores profesionales. Nos
oponemos al managed care que propone la Secretaría de Salud. Porque
todo ello, en definitiva, compromete el futuro de nuestros hospitales públicos
y del recurso humano que en ellos se desempeña, cuyo impacto se traducirá
finalmente en la mejor o peor salud de nuestra población. Sr. Secretario de Salud: una vez más le pedimos que recapacite por el bien de lo público, por el bien de la salud pública. ¨ |