Editorial

Por el Dr. Jorge Gilardi


Elogio del Hospital Público


Los medios de prensa sorprendieron a la opinión pública con una noticia: el presidente de la Nación elegía un hospital de la Ciudad de Buenos Aires como la institución de referencia a la cual recurrir en caso de emergencia médica.

La noticia, que no hubiera sido tal para el ciudadano de un país que confía naturalmente en la respuesta de las instituciones públicas, ha sido destacada con una mezcla de júbilo e incredulidad.

Más allá de la respuesta, esta declaración permite recuperar el debate acerca de los valores que acompañaron la emergencia del hospital público, hoy cuestionada por el culto desmedido a ciertos criterios econo-micistas.

Arraigado en su origen misional, el hospital se ha definido por su carácter comunitario: sus puertas se abrían a todos aquellos que poblaban su entorno, aun cuando su acción se volcara especialmente a ofrecer cuidado a los más necesitados. Más cercanamente, se encuadra en los movimientos sociales que amplían los derechos personales y colectivos y se convierte en patrimonio de la ciudadanía definiéndose, como principio indeclinable, la gratuidad en el proceso de atención.

El hospital público se transforma al compás de este proceso, y pasa a ser la institución más capacitada para resolver las situaciones de carencia o emergencia, cubriendo los déficits de cobertura que plantean los otros subsectores.

Al profundizarse la crisis del Estado benefactor y la embestida contra las medidas de protección social, los hospitales son cuestionados como fuente de excesivo gasto, sin contemplar siquiera su carácter de inversión social.

Los conceptos de empresa sanitaria, mercado, reingeniería y satisfacción al cliente se incorporan al léxico del sector salud, pero con un desconocimiento de la trama de relaciones e intereses que definen este particular ámbito institucional.

En todo este proceso, agoreros de muy diverso tipo han anunciado su declinación, señalando la necesidad de hallar alternativas gerenciales para frenar su caída.

Concesiones, privatizaciones, terceriza-ciones, autogestión, han sido una fórmula corriente para desalentar del manejo administrativo y financiero a la propia institución hospitalaria.

Hallamos en nuestro presente que esta situación de deterioro comienza a poner en riesgo el sostenimiento de los niveles básicos de atención, sobre lo cual alertamos reiteradamente: default tecnológico, carencia de insumos críticos, derrumbe en la motivación de sus recursos humanos, salarios desactualizados.

La situación ha llegado a un límite tal que la comunidad profesional ha vuelto a expresarse. La convocatoria a la próxima asamblea interhospitalaria, en la que participarán profesionales de todos los hospitales pertenecientes a la red pública de atención, enfocará como tema el riesgo inminente de déficit prestacional.

Allí deberán analizarse los problemas en toda su magnitud y gravedad, pero también asignarse las responsabilidades que caben para su resolución.

A menudo el poder político centraliza las decisiones relacionadas con la adquisición y administración de los distintos recursos, y descentraliza a nivel operativo médico la responsabilidad asistencial. En el nivel estratégico central es indispensable asumir mayor responsabilidad por los resultados asistenciales, y en el nivel operativo se deben compartir criterios sobre los costos necesarios para dar atención con eficiencia y calidad.

Sin embargo, subsiste la creencia general de que es allí donde se condensa la respuesta más segura, calificada y equitativa para atender las patologías que pueden afectar la vida de los ciudadanos.

Esta creencia, expresada en tono de revelación por innumerables cartas de lectores que inundan los medios de prensa, hoy halla su confirmación pública en las palabras del presidente de la Nación.

Este anuncio, que aceptamos complaci-damente, nos renueva en la lucha para que el elogio y defensa del hospital público deje de convertirse en noticia.

Que la garantía de su funcionamiento y su capacidad de respuesta se constituyan en lo que cada argentino tiene derecho a recibir y, por lo tanto, espera confiadamente hallar en cada ocasión que así lo justifique. ¨