SALUD MENTAL: UNA RESPUESTA EN EMERGENCIA

Aunque resulte extraño, la declaración de emergencia sanitaria omite toda mención a los problemas de salud mental que afectan a nuestra población. Registramos diagnósticos precisos acerca de cómo ha caído el empleo, ha disminuido la cobertura o se ha dificultado el acceso a los medicamentos, pero nos olvidamos de lo fundamental: cómo todo ello impacta sobre el bienestar y calidad de vida de la gente. Como si la elaboración de estadísticas más refinadas sobre la situación actual nos excusara de reconocer que, detrás de cada dígito o porcentaje, se esconden millones de personas reales que claman con su padecimiento por una solución a los principales conflictos que hoy atraviesa nuestra sociedad.

Repasemos algunos indicadores que nos alertan sobre la magnitud de este fenómeno.

A pesar de la caída generalizada del poder adquisitivo, los hábitos de consumo que significan un riesgo para la salud no cesan de incrementarse. La prevalencia del tabaquismo se sitúa cerca del 40% de la población activa, pero afectando esto a edades más tempranas ya que el promedio de iniciación al consumo se ubica entre los 13 y 14 años de edad. Ocurre algo similar en torno al abuso de alcohol y drogas, cuyos efectos se presentan con mayor intensidad en la franja de los más jóvenes, lo que constituye un síntoma de desesperanza ante la imposibilidad de construir un proyecto de vida en la sociedad que los ampara. Otro tanto podría decirse en relación con la mayor incidencia de trastornos como la anorexia y la bulimia, apoyados en una tendencia poblacional a la distorsión de los hábitos de consumo alimentario, aun de aquellos con probado efecto protector sobre la salud.

La soledad y el aislamiento en que transcurre la vida de muchos adultos y ancianos explican, al menos en parte, el recrudecimiento de la depresión, añadiéndose a ello una mayor incidencia de síndromes tales como trastornos de ansiedad o las distintas formas de la demencia que caracterizan a los grupos de edad más avanzados de la población.

Este cuadro se completa con los efectos que suceden a la agudización de la crisis, hecho que desnuda las falencias de los sistemas tradicionales de protección social. Ejemplo de ello son el maltrato familiar, las consecuencias emocionales de la desocupación, la deprivación cultural en los niños, la maternidad adolescente, la deserción escolar, entre otras situaciones que derivan en un deterioro de los recursos psicoso-ciales de las personas y de la sociedad en su conjunto, y que realimentan la exclusión social. Tales factores tienen consecuencias en el plano de la salud general ya que las condiciones de estrés modulan, a través del sistema inmune, el estado de mayor o menor vulnerabilidad biológica ante los factores de riesgo asociados con la enfermedad.

Tales hechos se enmarcan en un contexto de escasez en el que sobresale el crecimiento de la demanda: más pacientes acuden a los servicios especializados y más complejo resulta el cuadro clínico que presentan para su tratamiento, desbordando ello los recursos y la capacidad de respuesta de las instituciones asistenciales.

Esta situación social e institucional, y episodios como los sucedidos en el hospital Moyano y en el Borda estarían planteando la necesidad de reasignar las prioridades y repensar los recursos previstos para el área de salud mental.

Para hacerlo posible es necesario una firme decisión en los lineamientos en salud complementada con medidas como:

1.- Sostener una dotación de personal calificado para enfrentar este desafío, lo cual implica habilitar cupos y actualizar nombramiento para cubrir las áreas más críticas, principalmente aquellas que implican el contacto directo con los pacientes atendidos.

2.- Promover una política de capacitación, crecimiento profesional y concursos que permita retener al personal crítico, evitando que la migración en busca de mejores oportunidades laborales deje un área de vacancia imposible de cubrir.

3.- Brindar un marco adecuado de contención institucional, en un campo de trabajo en el que se entrecruzan con frecuencia los aspectos sociales, legales y científicos del accionar profesional, y que plantean con frecuencia dilemas éticos de difícil resolución.

La salud mental no es un hecho aislado ni superficial: representa el sentido último de los esfuerzos que desarrollan articuladamente las instituciones que conforman el sector sanitario, las que apuntan, en definitiva, a mejorar la calidad de vida de nuestra población.

Resulta destacable cómo se ha difundido entre los profesionales de salud mental, y en la opinión pública en general, el concepto de resiliencia, que describe la capacidad de las personas para afrontar y sobreponerse a situaciones de adversidad. Si algo ha quedado demostrado a través de los hechos recientes es que, conjuntamente con las dificultades vividas como sociedad, los individuos demuestran a un tiempo la aptitud para responder proactivamen-te a los desafíos que plantea una de las crisis más profundas de que se tenga memoria.

Sin duda, este debe ser el norte que guíe nuestra tarea como profesionales de la salud y, en esta circunstancia de crisis en la que coexiste el peligro y la oportunidad, sostener la fortaleza para afrontar la adversidad, así como para renovar la esperanza y el compromiso en todo proceso de reconstrucción futura. ¨