Una vez concluida la editorial del mes de agosto, nos abocamos a pensar como íbamos a manifestar nuestra satisfacción y el renacimiento de la credibilidad ante un gobierno que, comprendiendo lo incontrovertible de nuestros argumentos, seguramente decidiría adoptar el loable camino de la rectificación. Algunos, a los que calificamos sin titubear de pesimistas, pusieron en duda el camino de la rectificación del GCBA que nosotros señalábamos como el único posible. Les advertimos a los pesimistas que no era factible que el gobierno persistiera en una actitud violatoria de la ley, cuando ellos mismos la habían escrito y enviado al recinto donde se elaboran las leyes. Nos pareció ocioso explicar a los incrédulos que el Ejecutivo porteño iba a cumplir, que no le quedaba otra alternativa que seguir el rumbo que le marcaba la ley. Vale decir que llevaría a cabo su rol específico, que precisamente lo constituye en uno de los tres actores principales del sistema democrático.

A medida que transcurrían los días nuestra preocupación crecía: el Ejecutivo de la Ciudad no daba señales de enmendar su postura. Un irritante y persistente silencio fue la estrategia elegida para enfrentar nuestros reclamos. Poco a poco los incrédulos pasaron a constituirse en los realistas, ya que lamentablemente tuvieron la capacidad de interpretar los acontecimientos futuros con mayor precisión. Los que habíamos afirmado que la rectificación de las autoridades era un hecho lógicamente esperable en un gobierno de las características del actual, fuimos calificados en el mejor de los casos de "inocentes voluntaristas".

¡Dicen que somos inocentes voluntaristas! Porque queremos que se cumpla la ley o porque no la violamos. No obstante nos resistimos, pese a los acontecimientos acaecidos durante este mes, a que la realidad de un país pase por no respetar los acuerdos o las normas que lo ponen en vigencia.

Es imprescindible preguntarse si la multitudinaria marcha efectuada por la Asociación de Médicos Municipales con la participación de más de 4.000 profesionales, o los paros que tuvieron un acatamiento cercano al 100% no le están diciendo al Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad que su máxima autoridad debe sentarse con los dirigentes de la AMM para analizar la problemática por ellos planteada. En otras oportunidades expresamos conceptos similares con el convencimiento de que nuestras afirmaciones, provistas de una carga argumental irrefutable iban a producir una respuesta que era lógica para los "incrédulos voluntariosos". Los hechos, una vez más nos están demostrando que los incrédulos son los que están más cerca de la realidad actual.

Esta situación se origina tal vez porque el gobierno no valora el rol trascendente que cumplen las entidades intermedias dentro de una sociedad democrática. Mas aún, en muchas oportunidades se las califica peyorativamente como corporativas y sectarias. Amerita preguntarse si esos epítetos no son producto de la incomodidad que ocasionan los señalamientos que efectúa nuestra institución ante las políticas que no contemplan los intereses de la gente. Seguramente, sería mucho más fácil gobernar sin la existencia de estas entidades, que como el caso de la Asociación de Médicos Municipales, está reclamando al Gobierno que cumpla con los compromisos garantizados por la ley (que ellos mismos elaboraron).

Durante este mes altamente conflictivo nos tocó vivir nuevos acontecimientos que nos impactaron fuertemente y lograron trascender nuestra capacidad de asombro, que muchos de nosotros creíamos agotada. Hace pocos días, en el recinto de la Legislatura de la Ciudad se exhibió, como en una muestra artística, un prototipo de coherencia y veracidad y otro modelo absolutamente inverso. Este segundo modelo, que básicamente no difería del primero en cuanto a la razona-bilidad de nuestros reclamos, proponía una solución que nos llenó de asombro. Según el mismo, para dar cumplimiento a una ley se debe constituir una comisión para consensuar su cumplimiento. No vamos a agregar ningún concepto más a esta referencia, dejando librado al lector de esta editorial la interpretación de este último párrafo. Lo que sí podemos decir es que, según nuestro criterio, en el recinto volvieron a tener razón los incrédulos. Luego de los acontecimientos relatados y de sus semejantes resultados, entendemos que se impone una reflexión: es imprescindible que los gobernantes mediten sobre la necesidad de retornar a las políticas donde los legítimos intereses y derechos de las personas sean el centro. Es necesario que toda expresión de reclamo colectivo no sea tomada como un acto sectario, y que merece la atención inmediata del gobierno.