Las leyes legitiman muchas veces derechos de los ciudadanos que, por el sólo hecho de estar respaldados por normas que se deben cumplir, otorgan, en un régimen de derecho, la tranquilidad y garantía de su cumplimiento. En otras oportunidades se elaboran las leyes con la finalidad de asegurar el cumplimiento de acuerdos alcanzados tras la difícil pero irremplazable vía del consenso entre distintas posiciones. Nos resulta inentendible la postura del Gobierno de la Ciudad, que sin un justificativo claro ha decidido transitar el camino, sumamente riesgoso para la normal convivencia, de vulnerar los legítimos derechos adquiridos por los ciudadanos. Esta actitud ha impactado duramente sobre los derechos lícitamente obtenidos por los médicos municipales tras arduas luchas gremiales. Es dable recordar que hace poco más de un año cuando decidimos posponer el reencasillamiento, como dirigentes, nos preocupaba la decisión asumida por muchos motivos, todos ellos de orden gremial. La llevamos a cabo en aras de una razonabilidad que en aquel momento entendimos prioritaria. Lo que no se nos ocurrió tomar en cuenta, como elemento que tuviera gravitación en la decisión asumida, fue la posibilidad de que en el futuro el Gobierno incumpliría con el principio básico y fundamental de todo gobierno surgido por el voto popular: La Ley.

Desde que el Gobierno de nuestra ciudad tomó la penosa decisión de transgredir la ley, se puso en evidencia la falta de coherencia a la hora de explicar por qué el Gobierno encabezado por el Dr. De la Rúa había decidido transitar el sendero de la ilegalidad. Primero el secretario de Hacienda adujo causas de origen financiero (¿qué otro pretexto, tan remanido pudo fingir dicha Secretaría?). Como el problema mencionado se mostró insuficiente para poder darle sustento al incumplimiento de la ley, el Gobierno se abocó a encontrar otros justificativos que explicaran lo injustificable. Buscando el sendero que lo condujera al inextricable mundo de la falsía hallaron el peor: tratar de probar que el texto de la ley que ellos mismos promulgaron era ilegal. Esta lamentable elección puso de manifiesto, ante una mezcla de asombro e indignación, la inexistencia de escrúpulos a la hora de evadir la vía legal, vía de la que jamás se debe apartar un gobierno que se precie de democrático y que pretenda mantener la convivencia entre gobernantes y gobernados.

La conducta errática y desleal por parte del Gobierno de la Ciudad, trajo como consecuencia inevitable, un serio conflicto con la Asociación de Médicos Municipales. Una vez más nos vimos obligados a poner en evidencia que cuando se trata de defender derechos legítimamente adquiridos, los médicos municipales, haciendo abstracción de los intereses políticos partidarios que pudiesen existir, nos encolumnamos monolíticamente tras el objetivo a conseguir. Las primeras expresiones de esta lucha gremial han confirmado plenamente lo antes mencionado. Asambleas numerosas, un importante acto en el hospital Durand, con la participación de más de 1.500 profesionales y un paro con el 100% de acatamiento, son pruebas contundentes de lo que es capaz de producir un sector de la comunidad cuando son conculcados sus derechos por quienes, vaya paradoja, tienen la obligación moral y constitucional de velar por su cumplimiento. Lamentablemente todas las acciones gremiales perjudican a terceros, en este caso a los pacientes. "Por supuesto" que el Dr. Fernando De la Rúa se muestra muy sensible a lo que le pueda pasar a los enfermos, al menos en los spots televisivos -incluso expresa que va ser el médico de ellos-. Además, sería mejor que entienda que los compromisos adquiridos, y más si estos han sido ratificados por una ley, deben cumplirse inexorablemente. Su incumplimiento es manifiestamente lesivo para la sociedad en su conjunto.

La falta de credibilidad en el cumplimiento de las leyes y por ende en los gobernantes que deben garantizar su cumplimiento, son las causas directas que originan los movimientos de protesta, en esta oportunidad de los médicos. Vale decir que las consecuencias que hayan o puedan ocasionar las medidas gremiales que hemos adoptado o adoptaremos, son de exclusiva responsabilidad del Gobierno de la Ciudad. Debemos decir que nos ha sido imposible manifestarle personalmente al Dr. Fernando De la Rúa nuestra preocupación por los acontecimientos mencionados en esta editorial, pese a muchos llamados telefónicos y dos cartas documentos, además de solicitárselo públicamente.

Este llamativo silencio nos induce a hacer una última reflexión con un sabor amargo: todos los funcionarios públicos, por más elevado que sea su rango, tienen no la posibilidad sino la obligación de recibir a las instituciones intermedias que representen a sus afiliados. Quizás este sea uno de los rasgos más destacados del sistema que hoy ostentamos con orgullo los argentinos.