Debemos afianzar cotidianamente nuestra certeza de que esta forma de encarar las relaciones entre los diferentes estamentos que conforman una sociedad evita los atropellos, ocasionados por personajes que no se resignan a aceptar que la democracia va más allá de la elección popular. Podemos decir que esta instancia es la que habilita legítimamente para comenzar a ejercitar el gobierno de las instituciones. A partir de allí se inicia el verdadero desafío para los gobernantes, comportarse de la única forma que el voto habilita para ejercer el poder: democráticamente.

Es lamentable pero no siempre los acontecimientos ocurren de la manera que, con justa razón, pretendemos de un gobierno electo por el voto popular. El ejemplo paradigmático de lo que no se debe hacer, si uno pretende establecer como método para gobernar el consenso y producir de esta forma cambios que sean útiles para la sociedad, es el conflicto por el que atraviesa el hospital Larcade de San Miguel. Decimos que es un ejemplo paradigmático, porque a la falta de consenso se suma una intolerancia que linda con lo grotesco. Los profesionales de este hospital han tenido que soportar insultos y calificativos por parte del intendente Rico, que han ido más allá de la más frondosa de las imaginaciones.

Por supuesto que estos epítetos nos han alcanzado a todos los médicos, que de una u otra manera nos hemos sentido solidarios con nuestros compañeros tan brutal e injustamente agredidos. Entendemos que este episodio es un eslabón más, y además intolerable, en la cadena que está colocando a la profesión médica en una situación de emergencia y al médico al límite de su capacidad de tolerancia.

¿Cómo salir de esta difícil etapa que no nos permite ejercer nuestra actividad con la tranquilidad necesaria para solucionar los problemas de salud de nuestra población? La experiencia acumulada durante los últimos años, más el sentido común, nos dan la respuesta a esta acuciante pregunta: el único camino es sostener con firmeza los principios no negociables, a los que debemos incorporar como premisa insoslayable la unidad monolítica de las instituciones que representan legítimamente a los médicos. Esta unidad que se proclama permanentemente requiere de una dosis de grandeza y madurez de las instituciones, que hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, está en camino de lograrse. Por supuesto que es un recorrido difícil, lleno de obstáculos que por fortuna son todos salvables, porque el objetivo a lograr tiene tal magnitud que no nos detendrá ni el más complicado de los impedimentos.

Decíamos en párrafos anteriores que el conflicto del hospital Larcade de San Miguel constituye un ejemplo paradigmático de los atropellos a los que hoy nos vemos sometidos los médicos. Vale decir que, de ese paradigma para abajo, se producen diariamente acontecimientos que conllevan actitudes que son antidemocráticas por sí mismas; y en otros casos, las formas de llevarlas a cabo develan un autoritarismo que, como toda conducta arbitraria, altera el normal funcionamiento de las instituciones.

Esta descripción encaja perfectamente en los sucesos que vienen ocurriendo en los hospitales de la Ciudad, con el abrupto procedimiento de certificación de firmas. Es irritante y ofensivo tener que someterse a un control intempestivo que denota una desconfianza indiscriminada y que involucra a todos los trabajadores. Además, y quizás esto forme parte de las incoherencias que generalmente contienen las conductas autoritarias que sólo desean satisfacer el placer que les otorga avasallar, estas "auditorías" paralizan el funcionamiento de los hospitales, ya que todo el personal tiene que abandonar sus tareas en horas de febril actividad para demostrar que está presente. A quienes piensan que estos infortunados procederes van a modificar el funcionamiento del Hospital, y que dicho cambio va a impactar favorablemente sobre la salud de la población, los invitamos a que consulten las estadísticas que su propio patrón publica periódicamente. En ellas verán reflejada con contundencia la verdadera magnitud del trabajo del Hospital, único sostén de la salud de la población en estos tiempos de crisis multifacética.

Respetar la ley es otra de las garantías que nos brinda la democracia. La tranquilidad que trasmite a la población su cumplimiento es una de sus máximas virtudes y es precisamente lo que nos permite, a la inversa del atropello (léase control compulsivo de firmas), trabajar sin temores y con las expectativas que la ley nos asegura. Hoy día los médicos municipales estamos intranquilos y preocupados. A pocos días del cobro de nuestros haberes, no hemos logrado obtener de la Secretaría de Hacienda la respuesta que nos confirme el cumplimiento de la ley. De pronto nos surge una pregunta que se torna irrefrenable: ¿quién audita a los funcionarios que tienen que cumplir la ley? Y de ser auditados y comprobarse que no cumplen la ley, ¿se les hará sumario, se los suspenderá en sus funciones por no cumplir con sus obligaciones?

Estos tres ejemplos tienen indudablemente diferentes dimensiones, no obstante los une un denominador común: el alejarse de las normas de convivencia democráticas, las que se fundamentan, entre otros valores, en la credibilidad de las acciones y compromisos que dichos actos de gobierno producen.