Editorial de Mundo Hospitalario

Una vez más se ha profundizado la brecha entre las necesidades de los pacientes y los profesionales, y la respuesta que los funcionarios de la Secretaría de Salud ofrecen para su resolución.

A través de los medios de difusión pública, hemos asistido en el último tiempo a datos que nos informan sobre las prioridades sanitarias que afligen a nuestra población: la prevalencia extendida de patologías emergentes asociadas con el tabaquismo y la violencia, los escasos controles para prevenir las epidemias estacionales, la dilatada espera de los pacientes que necesitan ser operados en distintas especialidades y por dolencias cardíacas.

En este último caso, la ombudsman de la Ciudad solicitó la emergencia cardiovascular y puso en alerta a la red asistencial. La lista de espera, que se engrosa en cada hospital porteño y limita su capacidad resolutiva, nos señala la necesidad de adecuar nuestros recursos a las situaciones existentes.

Por ello, la existencia de capacidad instalada ociosa representa un escándalo en el actual cuadro de situación: mientras unos 630 pacientes componen la lista de espera del hospital Argerich, en el hospital Santojanni se hallan más de 80 camas desactivadas, muchas de ellas de alta complejidad. Otro tanto sucede en hospitales con salas de terapia intensiva vedadas para el uso asistencial o el propio hospital de Niños, que dispone de quirófanos con baja incidencia de utilización, por no contar con personal en el área de enfermería.

En el hospital Rivadavia se abortó el llamado a licitación pública para la ejecución de un proyecto faraónico, que amenazaba convertirse en una torre de Babel que sólo profundizaría las desinteligencias en todos los niveles asistenciales, y en cada uno de los profesionales que componen el equipo de salud.

En este escenario de inequidad sanitaria y dificultades para aprovechar los recursos genuinos de los que dispone la Secretaría de Salud, se ha promulgado el decreto N° 736, cuya principal justificación resulta ser la necesidad de avanzar en el proceso de descentralización de competencias, concediendo a las secretarías de Salud y de Hacienda la facultad de asumir decisiones antes reservadas al Jefe del Ejecutivo Comunal. Hasta allí, correcto. Pero esta descentralización debe impulsar una mejora en la gestión, sin sumar un nuevo aporte a la arbitrariedad y la incertidumbre.

La centralización de los trámites para la selección y designación de personal amenaza profundizar las dilaciones que hoy dificultan dar una respuesta en tiempo y forma a las necesidades de la emergencia.

La decisión de iniciar los procesos de selección en base a las necesidades del servicio y del personal representaría una decisión altamente riesgosa si no se trabaja con estructuras previas y si no se titulariza al personal que se halla en calidad de interino.

Por estas y otras razones, el decreto no cumple garantías mínimas para ser considerado un adecuado instrumento de gestión y, como ha sido comunicado por el Comité Ejecutivo de nuestra Asociación, sus efectos se consideran lesivos para la dignidad del personal y perjudicial para el adecuado funcionamiento del sistema de salud.

El memorando 8.074 que dejaba sin efecto todos los llamados a selección para cubrir cargos de conducción que no hubieran ingresado a la Secretaría de Salud antes del 31 de mayo de 2004, fue anulado a pocos días de ser puesto en vigencia.

Constituye, por lo tanto, un ejemplo de improvisación en el cual se aplica muy bien la frase napoleónica: orden, contraorden, de-sorden.

En este confuso panorama donde prevalece la inercia, continúan manifestándose los problemas a los que sí se debe dar respuesta:

- El cumplimiento de los compromisos acordados mediante acta pública paritaria para la titularización de interinos.

- La inmediata actualización de las estructuras hospitalarias, que permita de una vez por todas facilitar las decisiones sobre asignación de puestos y desarrollo de la carrera hospitalaria.

- La falta de una respuesta adecuada a los profesionales que se desempeñan como médicos de cabecera, que no pueden acogerse al beneficio de la licencia aún en situación de embarazo.

- Las restricciones al número de concurrentes que pueden acceder a los servicios hospitalarios, cuando se trata de la única opción formativa para la inmensa mayoría de postulantes que no acceden al sistema de residencias.

- La carencia de una solución justa para remunerar las horas de trabajo de los médicos que se desempeñan los días domingo.

Restablezcamos, a manera de antídoto, la cultura del diálogo y la participación, para que las decisiones puedan ser aceptables y sostenidas por toda la comunidad profesional.

Evitemos los riesgos de la inercia y la improvisación en las decisiones públicas. ¨