Los últimos acontecimientos ocurridos en la provincia de Salta ponen en evidencia la realidad de la que hablábamos. Precisamente cuando ocurren hechos de esta índole, los que vivimos alejados de las zonas que padecen este acuciante presente tomamos conciencia de la cabal dimensión del drama que viven los excluidos de una sociedad, que se muestra cada vez más injusta e insensible. Las imágenes televisivas nos mostraron hasta qué punto la de-sesperación puede incluso atentar contra la propia seguridad del individuo. Se pierde el instinto de conservación. El único deseo es escapar de la pobreza y las privaciones que origina. Se apodera de la gente una crisis de pánico colectivo que puede engendrar conductas sociales insospechadas, e inéditas hasta ese momento.

Seguramente a muchos de nosotros nos pegaron con intensidad esas imágenes y nos sentimos impotentes frente a ellas. La falta de sentido de la realidad (en este caso de la grave situación social) es la explicación que nos permite entender por qué los gobernantes continúan por el mismo camino. Decimos esto porque lamentablemente se insiste con un nuevo ajuste, que parece ser el único mecanismo viable para superar la crisis. Hoy día se conoce a la perfección que la puesta en práctica de un ajuste tras otro trae aparejado indefectiblemente la profundización de las circunstancias difíciles y comprometidas en que se encuentran millones de personas.

Como es imaginable, los que viven esta realidad extrema son los grupos poblacionales más susceptibles de padecer enfermedades. La pérdida de la salud tanto física como psíquica es la consecuencia inevitable de la exclusión. De todos los efectos nocivos que genera la marginación social, la pérdida de la autoestima y del sentido de la vida, debido a la sensación de ser una pieza superflua para la familia y la comunidad, son quizás las de mayor jerarquía porque estos sentimientos son productores de múltiples estados de enfermedad. El deterioro de la salud como resultado final de las numerosas privaciones es un bochornoso espectáculo que debemos desterrar.

Es en este momento donde los médicos debemos transformarnos en "militantes" de la defensa de la salud. Si bien ésta depende de una multiplicidad de factores que distan mucho de poder solucionarse sólo con el accionar médico. Es necesario un compromiso creciente con el sufrimiento de nuestros semejantes. En este punto es fundamental, aunque corra el riesgo de ser reiterativo, destacar que la salud es un derecho básico e irrenunciable del ser humano, y que el Estado debe garantizarlo. Sin duda, con los recurrentes ajustes que involucran al sistema sanitario, es poco probable que el Estado dé cumplimiento a sus obligaciones indelegables.

Debemos hacer un esfuerzo intelectual indispensable, que nos permita ponernos en el lugar de quienes carecen de lo esencial. Cuando a esta contingencia de por sí dramática se le suma la enfermedad y la aparición de trabas y dificultades inadmisibles, la sensación de abandono se acrecienta.

En estas circunstancias estas personas tienen la necesidad de encontrar a alguien que sea absolutamente desinteresado, que sólo atienda sus problemas de salud sin tomar en cuenta su situación socioeconómica, su domicilio, o su cobertura médica. Ese alguien no puede ser otro que el médico. A los otros problemas, a los que no les debemos quitar relevancia, que se dediquen a buscar soluciones los que han originado la crisis del sistema sanitario que hoy vivimos. El enfermo no debe tener la desagradable impresión de que lo económico es más importante que su afección. Nadie pretende dejar de lado o restarle valor al aspecto económico, pero queremos dar por tierra con la idea de que debe condicionar la calidad de la atención médica.

Entendemos, como decía al inicio de esta editorial, que para que la realidad no nos golpee cada día con mayor dureza debemos sumar esfuerzos, y aguzar nuestro ingenio para que se reinstalen en la sociedad algunos principios que fueron fundamentales para hacerla más justa y equitativa. De estos principios, la solidaridad ocupa el primer lugar. Una sociedad solidaria tiende a ser más justa; y la justicia implica el cumplimiento de las leyes que a su vez deben garantizar la existencia, sin discriminaciones, de los bienes sociales a los que todas las personas tienen derecho a acceder.