Editorial de Mundo Hospitalario

La gran mayoría de la sociedad ha encendido una luz roja ante el azote del crimen y la violencia, que se expresa en una sensación cotidiana de mayor inseguridad.

El secuestro extorsivo ha provocado el ominoso asesinato de Axel Blumberg, un joven convertido en símbolo de lo que no debiera ocurrir nunca más en la Argentina. Este suceso colocó en primer plano de la agenda pública el problema de la inseguridad, que se arrastra sin solución aparente desde hace ya más de una década.

En nuestro país, el deterioro de bienes públicos como la salud, la seguridad, la educación y el empleo son parte del mismo proceso que condujo al debilitamiento del Estado y a un avance excesivo del mercado en áreas que demandan una respuesta basada, no en la maximización del lucro sino en garantizar las condiciones que hacen posible la vida en sociedad.

La percepción de que el entorno se ha vuelto más hostil e inseguro se expresa también en el paisaje urbano: barrios cerrados, casas cercadas, rejas en monumentos públicos y la presencia barrial de guardias armados son los síntomas que demuestran cómo se han debilitado los lazos de confianza entre los miembros de la sociedad.

Como la inseguridad ha penetrado en la vida cotidiana de las instituciones públicas, también es evidente su impacto sobre las condiciones que enmarcan la labor de los profesionales de la salud.

El personal de guardias y servicios de emergencia se hallan a menudo desbordados para atender el número de quienes son damnificados por la violencia, que muchas veces los alcanza a ellos mismos.

La percepción de inseguridad, fundamentalmente asociada con la posibilidad de ser víctima del atraco o la agresión, se constituye en una barrera al acceso para aquellos grupos sociales ubicados en situaciones de mayor riesgo social, y desalienta los programas apoyados en la promoción de actividades comunitarias.

Agrava esta situación la sensación de que han desaparecido aquellos códigos que hacían más previsible la conducta de quienes delinquían. Como ejemplo cabe señalar que el equipamiento sanitario público se encuentra continuamente bajo el riesgo de la depredación; un signo de la baja consideración que el mismo tiene para toda la comunidad.

Vivimos, como todos, el problema de la violencia y la inseguridad.

Más allá del debate que esta cuestión suscita y el oportunismo de quienes cabalgan sobre el caso Blumberg para proponer soluciones simples a un problema complejo, podemos destacar cómo millares de ciudadanos han vencido el miedo y se han volcado a las calles expresando un clamor común, que obliga a los tres poderes públicos a dar una respuesta acorde a la magnitud del problema.

Pero la acción penalizadora surge cuando a menudo ya nada puede hacerse más que restituir con una pena el daño ya ocasionado.

Por ello es necesario actuar en la prevención, que se logra protegiendo la calidad de los bienes públicos, los que deben ser hoy más accesibles que nunca para toda la ciudadanía.

Existen evidencias de que la inversión en bienes públicos, o en aquello que más recientemente se denomina capital social, se constituye en uno de los diques más efectivos para contener la violencia social, y que apostar al desarrollo, la equidad e integración social es el camino más seguro para combatir la inseguridad.

La salud, la educación, la fortaleza de las redes sociales, la calidad de la vivienda y el empleo son bienes que toda la sociedad debe empeñarse en defender y preservar.

Y en este proceso el Estado debe erigirse como el garante fundamental de lo público, entendido como aquello que nos pertenece y nos concierne a todos los miembros de esta sociedad.

Hoy, la Organización Mundial de la Salud reconoce a la violencia como un problema de salud pública, que cuesta millones de vidas en el mundo y como una de las principales causas de muerte, sobre todo en los países en vías de desarrollo. También señala que los profesionales de la salud tenemos un rol que cumplir frente a esta “patología social”. Pongamos luz roja a la violencia organizada, pero trabajemos también, como ya se viene haciendo desde los hospitales públicos, para que la salud sea accesible a toda la ciudadanía en condiciones de igualdad. Una ciudadanía hoy como nunca, movilizada para su defensa y su restitución. ¨