Una señal determinante de que la sensibilidad que uno pretende del próximo gobierno sea una realidad, es excluir del ajuste económico al sector salud. El ajuste económico parece ser la única solución -que hasta hoy se ha mostrado absolutamente ineficaz- para mitigar la crisis que parece haberse instalado indefinidamente en los países que luchan, cada vez con menos posibilidades, para emerger de la pobreza que los agobia. Esta política, utilizada con unción por los gobiernos, es el factor determinante de los problemas que hoy exhiben los sistemas de salud. Nadie pone en dudas u objeta el rol del hospital público, los funcionarios son los primeros en reconocerlo, pero paradójicamente, hoy se está viviendo uno de los recortes más duros, como si fuera una verdadera "dictadura económica" que sólo valora el gasto en salud por la fórmula costo-beneficio económico, sin considerar que dicha fórmula es de dudosa positividad en el ámbito de la salud, en donde se debe tener en cuenta el beneficio que otorga a las personas aunque los costos no respondan a lo que los economistas entienden como aceptable.

Esta afirmación no significa que deba dejarse de lado lo que insumen las inversiones en salud. Ni que no se analicen profundamente los costos de los programas sostenibles que se deben elaborar y aplicar al sistema.

Lo preocupante es que programas de salud (todos esenciales) se vean acotados en su eficacia por determinación del ministro o secretario de Hacienda. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que la utilización de estas políticas producen dos hechos no deseables. El primero, y tal vez el más importante, aflicción y exclusión: sentirse excluido de la sociedad es profundamente doloroso y enferma. Si además esta exclusión incluye la atención de la salud integral, es muy probable que pueda producir consecuencias no reparables para la población. El segundo efecto negativo es lo que precisamente se pretende evitar con los impiadosos ajustes: los enormes costos que tienen para la sociedad las enfermedades evitables.

El importante influjo que lo señalado precedentemente tiene sobre el desarrollo racional de los sistemas públicos sanitarios (desde el punto de vista de la salud) está generando una crisis que, de no revertirse en forma inmediata, va a poner en peligro al sistema. Hoy observamos con preocupación que lo imprescindible pasa a ser prescindible, lo urgente puede esperar, la obligación de los funcionarios que es servir a la comunidad, deja de ser tal, o depende estrictamente del humor o compromisos del secretario que maneja las finanzas.

Los hospitales públicos tienen, entre otras muchas virtudes, una organización asis-tencial que ha permitido, pese a todos los embates sufridos, continuar mostrando intacta su capacidad para solucionar los problemas de salud de la población. Esta organización se ve seriamente comprometida a raíz de la falta de nombramientos en los cargos de conducción, que son precisamente la columna fundamental que sostiene la organización. A esto se agrega la negativa de reponer al personal de guardia aduciendo causas inaceptables. Lo que determina este ataque al sistema público de salud es la mencionada "dictadura económica", que no se detiene a evaluar los daños que puede producir.

Es indispensable, ante esta realidad acuciante, que las propuestas que ofrecen los partidos políticos garanticen la concreción de medidas que modifiquen esta realidad. No pensamos por ejemplo, que ésta sea posible a través del autofinanciamiento de los hospitales. En su momento advertimos sobre los resultados negativos de la autogestión. Hoy aseguramos que la autofinanciación terminará rápidamente con los hospitales públicos. Si se afianzara el predominio de lo económico sobre lo sanitario, lamentablemente significará la exclusión del sistema de los más indefensos y necesitados de protección social.

Las otras propuestas que dicen priorizar la salud, y en especial el desarrollo del sistema público, tienen como obligación absoluta devolver a los servicios sus estructuras hoy inexistentes porque desde hace 4 años no se efectivizan nombramientos. Entonces, deberán impedir que continúe la negativa a reponer los cargos vacantes. En pocas palabras, implantar una política que tienda a darle a los hospitales de la ciudad todos los elementos para que cumplan su rol en plenitud. Seguramente muchas plataformas contemplan lo mencionado, lo que nos obliga a reflexionar sobre la necesidad de que se cumplan los programas exhibidos preelectoralmente. Su incumplimiento profundizará la brecha que hoy separa a los funcionarios de la credibilidad, hecho crucial para fortalecer la democracia.